Imagen de archivo del interior de la planta desaladora 'Bahía de Palma', en Palma de Mallorca. AFP
La reciente propuesta de la Generalitat de Catalunya de trasvasar agua del río Segre al Llobregat, para paliar la sequía en la región, ha reanimado el enfrentamiento entre los partidarios de la desalación y los adictos de los trasvases. Pero, sobre todo, ha vuelto a poner de manifiesto que la gestión del agua en España se ha convertido en una bandera capaz de politizar hasta las soluciones técnicas.
"Me molesta la simplificación política", se queja el jefe del Área de Calidad de Aguas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Miguel Torres. Este ingeniero de caminos, que habla a título personal, cree que "los técnicos se deben oponer a que las desaladoras sean cosa del PSOE y los trasvases, del PP". En su opinión, no se estaría hablando del trasvase del Segre si se hubiera agilizado la construcción de la desaladora de Barcelona, proyectada hace siete años. "En España llegamos siempre tarde a los problemas de la sequía. En Barcelona se pueden dar soluciones de emergencia, pero la solución estructural serán las desaladoras", remacha.
El Ministerio de Medio Ambiente enterró la pasada legislatura los trasvases del Plan Hidrológico Nacional del PP con una apuesta por la desalinización, plasmada en el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua). Hoy, en España, existen más de 950 desaladoras, con una capacidad total de producción de dos millones de metros cúbicos de agua al día, que abastece a 10 millones de habitantes, según la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA).
Sin embargo, los detractores de las plantas desaladoras siguen viéndolas como las centrales nucleares del mar. En uno de los debates electorales televisados, Rajoy le espetó a Zapatero: "Yo voy a llevar agua a todos los sitios, haré trasvase". Y añadió que "las desaladoras emiten C02 y van contra el cambio climático". Éste es uno de los argumentos más repetidos por los partidarios de los trasvases. Según ATTA, las desaladoras españolas emiten, de manera indirecta, un millón de toneladas de CO2 cada año sobre un total de 400 millones.
"Rajoy muestra puro desconocimiento técnico, es ignorancia", replica Torres. Para el responsable de Calidad de Aguas del CEDEX, el agua desalada no es "electricidad embotellada". "El gasto eléctrico de una familia por consumir agua desalada durante un mes es equivalente al de poner tres lavadoras", afirma.
El director general de ATTA, Ángel Cajigas, no esconde las debilidades de la desalación –coste, dependencia energética e impacto ambiental–, pero confía en la innovación tecnológica para reducir su impacto. Además, recalca el otro lado de la balanza: el agua desalada es un recurso ilimitado, se adapta a la demanda y genera una mínima incertidumbre.
Para el investigador Francesc Gallart, del Instituto de Ciencias de la Tierra del CSIC, "la política del agua, como indica su nombre, es política, los científicos suelen ser los últimos en dar su opinión". Para Gallart, "el trasvase es una de las agresiones más duras al medio, y más ahora, cuando los sistemas fluviales están bajo mínimos". El investigador pone el ejemplo del trasvase del Segre, que no aconseja: "Sacas agua de un sitio para ponerla en otro, pero también trasvasas la fauna, y luego te encuentras especies invasoras, como el mejillón cebra, en todas partes". Además, señala, "las desaladoras tienen un interruptor, las puedes parar, pero, ¿cómo desmontas un trasvase?".
